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Foto: Adiuc
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada este viernes por la madrugada en el Senado de la Nación con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
La nueva legislación intenta revertir la crisis del sistema universitario, garantizando recomposición y actualización por inflación de los salarios docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024; actualización bimensual por inflación de las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento, investigación, extensión e infraestructura; y ampliación anual y progresiva de los montos y número de beneficiarios de las becas para estudiantes.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley implicará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que equivale al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).
A pesar de su aprobación, la ley enfrenta un posible veto por parte del Gobierno, en una política similar a la que bloqueó el proyecto de movilidad previsional que proponía una recomposición de las jubilaciones y pensiones.
Ello podría desencadenar una nueva protesta masiva de las y los universitarios y otros sectores de la sociedad, tal como sucedió en el mes de abril en todo el país.
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